Con el control del Congreso de Estados Unidos, los demócratas buscarán esclarecer denuncias de violencia y exigir cuentas a funcionarios del gobierno de Donald Trump
Tras conseguir la mayoría en el Congreso de Estados Unidos, los demócratas preparan una serie de investigaciones contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y funcionarios de la administración de Donald Trump, ante las denuncias de abusos registradas durante las redadas migratorias y deportaciones masivas.
Robert García, quien asumirá la presidencia del Comité de Supervisión del Congreso, adelantó que una de sus principales tareas será revisar las actuaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE. Entre las primeras medidas previstas para enero se encuentra citar a la exsecretaria de Seguridad, Christi Noem, y al asesor Stephen Miller, por sus declaraciones relacionadas con las muertes de Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron abatidos por agentes migratorios en Minneapolis.
Por su parte, la congresista de Illinois, Delia Ramírez, exigió la comparecencia de Gregory Bovino, exjefe de la Patrulla Fronteriza que estuvo al frente del operativo en Minneapolis, bajo advertencia de una posible detención si no atiende el requerimiento. Los legisladores también contemplan examinar el presupuesto asignado al ICE y las acusaciones de violencia contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses.
Dentro del Partido Demócrata, el sector socialista mantiene su propuesta de desaparecer al ICE, organismo que cuenta con aproximadamente 10 mil agentes. Sin embargo, los congresistas enfrentarán dificultades para modificar los recursos multimillonarios previamente autorizados por los republicanos, por lo que buscarán establecer nuevas restricciones y mecanismos de vigilancia sobre las operaciones migratorias.
Entre las medidas que podrían promoverse destacan prohibir que los agentes oculten sus rostros, exigir identificaciones visibles y vehículos oficiales, así como el uso de cámaras corporales. También se plantea que los ingresos a viviendas requieran órdenes judiciales y que los elementos migratorios respondan ante los tribunales por posibles irregularidades, mientras se analiza el futuro de la agencia una vez que concluya su financiamiento actual.
