El Poder Judicial dará seguimiento a 125 controversias presentadas por gobiernos del PRI y el PAN
El ministro Alberto Pérez Dayán, del Poder Judicial, ha aceptado tramitar la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las reformas a las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas, consideradas como la primera parte del plan B electoral.
En el recurso presentado, el INE argumentó una posible violación a sus facultades legales, así como una posible violación a la Constitución del país, en caso de que se implementen dichas reformas.
“Producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, se estableció en el acuerdo de admisión a trámite del ministro Pérez Dayán, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, el Poder Judicial también ha admitido a trámite la controversia constitucional presentada por el municipio de Chihuahua, capital del estado con el mismo nombre, en contra de las mismas reformas a la LGCS y la LGRA.
El ayuntamiento solicitó la suspensión de las reformas hasta que se resuelva el caso de manera definitiva, pero se decidió no otorgar la suspensión solicitada en este primer caso de un paquete de 125 controversias presentadas por gobiernos municipales y estatales del PRI y el PAN.
Con esta decisión, el Poder Judicial dará seguimiento a las controversias presentadas en contra del plan B electoral, lo que podría tener un impacto significativo en el futuro de las elecciones en México.